Una investigación judicial en Entre Ríos sacude a la fuerza policial local: varios agentes están bajo la lupa por supuesta privación ilegal de la libertad y falsificación de documentación en un procedimiento que habría estado plagado de irregularidades.
El hecho se originó tras la denuncia por el robo de equipos de audio, pero derivó en graves acusaciones contra los uniformados actuantes.
De acuerdo a la causa, los policías implicados habrían arrestado al sospechoso en un lugar distinto al consignado oficialmente y habrían colocado los objetos robados en su poder para justificar la detención. Esta contradicción, detectada en la revisión de las actas y respaldada por testimonios y análisis forenses, encendió las alarmas en la Fiscalía.
El Ministerio Público, a cargo de la fiscal Sofía Patat, solicitó la imputación formal de los funcionarios, mientras continúa recabando pruebas sobre el posible montaje policial. Además de las actas alteradas, se investiga si hubo manipulación de evidencia y si se actuó por cuenta propia o bajo órdenes de un superior jerárquico.
La defensa de los acusados, encabezada por el abogado Nelson Schlotahuer, sostiene que la versión de los oficiales fue desestimada en favor de la de un hombre con antecedentes penales, y argumenta que algunos actuaron por obediencia debida. No obstante, la Fiscalía considera que hay elementos suficientes para avanzar en el proceso judicial.
El caso, que aún se encuentra en etapa de análisis, podría derivar en penas de prisión condicional y la inhabilitación permanente para ejercer funciones públicas, si se comprobara la responsabilidad penal de los efectivos. Mientras tanto, la sociedad observa con atención, en un contexto de creciente preocupación por la transparencia en las fuerzas de seguridad.
