Una investigación penal iniciada contra Leonardo Airaldi en febrero volvió a quedar en el centro de la escena luego de un planteo presentado por su defensa.
El expediente se originó a partir de supuestas manifestaciones realizadas por Daniel “Tavi” Celis, quien por entonces se encontraba detenido junto a Airaldi en la Unidad Penal N.º 9 de Gualeguaychú y habría mencionado la existencia de un presunto plan para atentar contra funcionarios públicos.
Según sostiene la defensa, las declaraciones atribuidas a Celis no estuvieron acompañadas por elementos objetivos que permitieran respaldar sus dichos. A partir de esa información, la Fiscalía Federal de Gualeguaychú abrió una investigación y, en conjunto con la PROCUNAR, solicitó que Airaldi fuera incorporado al régimen de Alto Perfil del Servicio Penitenciario Federal y trasladado al Complejo Penitenciario de Ezeiza.
Transcurridos seis meses desde el inicio del expediente, la defensa afirma que no se habrían incorporado pruebas concretas que vinculen a Airaldi con los hechos investigados. Además, señala que el acusado todavía no fue convocado a prestar declaración indagatoria y que tampoco tendría conocimiento preciso de cuál es la imputación que pesa sobre él. El expediente continúa bajo la denominación de “averiguación de delito”, sin que, de acuerdo con el planteo defensivo, se haya establecido con claridad el objeto de la investigación.
En este contexto, la abogada Mariana Barbitta, representante legal de Airaldi, solicitó ante el Juzgado Federal de Gualeguaychú que la PROCUNAR sea apartada de las actuaciones. El argumento central de la presentación apunta a que los hechos que se investigan no estarían relacionados con delitos previstos en la Ley de Estupefacientes 23.737 ni con conductas conexas que justifiquen la intervención de esa fiscalía especializada.
La defensa considera que, mientras no exista una imputación concreta y teniendo en cuenta la naturaleza de las acusaciones atribuidas a Celis, no correspondería la participación de la PROCUNAR en el expediente. El planteo deberá ser analizado ahora por la Justicia Federal de Gualeguaychú, que tendrá que determinar si corresponde mantener o no la intervención del organismo especializado y cómo continuará una investigación que, según la defensa de Airaldi, lleva seis meses sin definir con precisión el hecho que se le atribuye.
