Acuerdo salarial en Entre Ríos: ATE y UPCN avalan propuesta del Gobierno

En una jornada cargada de expectativas, el gobierno de Entre Ríos logró cerrar una nueva negociación paritaria con los gremios estatales ATE y UPCN.

Tras un encuentro matutino que dejó gusto a poco, se pasó a un cuarto intermedio en busca de una mejora en las condiciones ofrecidas. Al retomar el diálogo pasado el mediodía, la administración provincial presentó una propuesta ajustada que finalmente fue aceptada por las entidades gremiales.

La oferta inicial contemplaba una suma fija de $35.000 mensuales para empleados activos, no remunerativa ni bonificable, por tres meses. Sin embargo, los sindicatos plantearon la necesidad de aumentar el monto y extender el beneficio a trabajadores jubilados. Esta demanda fue escuchada y derivó en una segunda propuesta más inclusiva: $50.000 mensuales para activos y $25.000 para pasivos, con el mismo carácter y plazo.

Según la directora de Asuntos Políticos, Fanny Maidana, el acuerdo responde a una urgencia del sector laboral sin comprometer la sustentabilidad financiera de la provincia. Destacó que estas asignaciones extraordinarias no serán acumulables y se pagarán con los haberes de julio, agosto y septiembre, mientras se prevé retomar las conversaciones en la última semana de septiembre.

Los gremios valoraron positivamente el avance logrado, especialmente por el impacto en los trabajadores con menores ingresos. El gobierno estima que la mejora representa hasta un 6% de incremento en algunos casos, superando la inflación y ofreciendo alivio temporal en medio de un contexto económico complejo.

Aunque el entendimiento alcanzado marca un paso importante, quedaron temas pendientes, como el instructivo para las recategorizaciones. En agosto, ambas partes volverán a la mesa de negociación para comenzar ese trabajo y profundizar en otros aspectos de la relación laboral.

Una causa que tarda pero avanza: Allende procesado por corrupción patrimonial

Después de más de una década de investigación, la Justicia entrerriana dio un paso firme en una causa que parecía haber caído en el olvido.

El juez de Garantías Nº 8 de Paraná, Pablo Zoff, ordenó el procesamiento del histórico dirigente de UPCN y exdiputado provincial José Ángel Allende, junto a varios miembros de su familia, por presunto enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles con la función pública. La medida llega 13 años después de la denuncia inicial.

El punto de partida de la causa fue una publicación de la revista Análisis en 2012, que despertó sospechas sobre el crecimiento inusitado del patrimonio de Allende durante sus años como legislador. La Justicia determinó que el exdiputado habría utilizado a familiares cercanos como intermediarios para ocultar bienes y fondos. Se estima que el incremento patrimonial, entre 2000 y 2016, superaría los 10 millones de pesos y 64 mil dólares, sin justificación acorde a sus ingresos declarados.

La participación de su entorno familiar fue clave. Su esposa, exesposa, hijo e hija fueron señalados por facilitar maniobras de ocultamiento y por figurar como propietarios de vehículos, propiedades y sociedades comerciales. Las pericias contables fueron determinantes, aunque no exentas de controversia. El juez respaldó el informe del perito fiscal, que expuso severas inconsistencias entre ingresos y adquisiciones, y subrayó que varios bienes estarían subvaluados.

Además, se sumó una segunda acusación por gestiones irregulares en la Fundación Esperanza, entidad que recibió casi un millón de pesos en subsidios gestionados por el propio Allende mientras era funcionario. El magistrado enfatizó que la correcta rendición de esos fondos no exime la incompatibilidad legal, ya que el exlegislador intervino activamente en la solicitud y cobro de los mismos, en clara contradicción con su rol público.

Todos los imputados quedaron embargados y a un paso del juicio oral. La causa, que resume una larga espera de la ciudadanía por justicia, pone en el centro del debate la transparencia en la gestión pública y la necesidad de que los tiempos judiciales acompañen el clamor social por rendición de cuentas.

Gobierno de Entre Ríos acuerda aumento salarial y revisión de escalafón con gremios estatales


El Gobierno provincial de Entre Ríos, liderado por Rogelio Frigerio, llegó a un acuerdo salarial con los gremios UPCN y ATE, representantes de los trabajadores estatales.

La propuesta, rubricada tras una reunión en la Secretaría de Trabajo, incluye una actualización de salarios en línea con la inflación y una revisión del escalafón laboral, con el objetivo de mejorar las condiciones económicas y laborales del sector público durante el primer semestre del año.

Según fuentes oficiales, el acuerdo busca garantizar que los salarios de los empleados estatales no pierdan poder adquisitivo frente al aumento del costo de vida. Abelardo Del Prado, miembro paritario, destacó que “ningún trabajador estatal entrerriano va a perder contra la inflación”, una condición que, según él, no se cumple en todas las jurisdicciones del país. Este punto es considerado clave para proteger los ingresos de los trabajadores en un contexto económico complejo.

Además de la actualización salarial, el acuerdo incluye una revisión del escalafón laboral para corregir distorsiones generadas por los incrementos previos en el piso salarial. Se prevé un reconocimiento especial a jefes de área y departamento, con un aumento del 10% en el pago por responsabilidad de función. También se destacó la importancia de premiar la capacitación y la responsabilidad, alineando las remuneraciones con el mérito y el desempeño de los trabajadores.

Uno de los aspectos más destacados del acuerdo es el reconocimiento al personal de enfermería y agentes sanitarios, cuyo rol dentro del sistema de salud pública fue valorado como fundamental. Esta medida busca no solo mejorar sus condiciones salariales, sino también visibilizar la importancia de su labor en un contexto donde el sector salud ha sido clave.

El acuerdo ha sido presentado como un avance significativo en la política laboral del gobierno provincial. Según Del Prado, “esta paritaria demuestra el rumbo de nuestro gobierno: blindar a los trabajadores contra la inflación y premiar el mérito”. Con este entendimiento, se espera fortalecer la estructura salarial del sector público y sentar un precedente para futuras negociaciones en la provincia.

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