En una decisión que busca contener los precios en medio de un proceso de desinflación, el Gobierno nacional resolvió aplazar parcialmente el incremento del impuesto a los combustibles que debía entrar en vigor este 1 de julio.
A través del Decreto 441/2025, publicado en el Boletín Oficial, se definió aplicar solo una parte del ajuste correspondiente al primer trimestre de 2024, mientras que el resto se trasladará al mes de agosto.
La medida alcanza tanto al Impuesto sobre los Combustibles Líquidos (ICL) como al Impuesto al Dióxido de Carbono (IDC), ambos actualizados por inflación en virtud de la Ley 23.966. Para julio, se establecieron subas moderadas: $6,620 por litro de nafta y $5,346 para el gasoil, más adicionales en el caso de Patagonia y por el impacto ambiental. El aumento completo —que incluye ajustes de todo 2024 y principios de 2025— quedó diferido.
La decisión fue interpretada como un intento del Ministerio de Economía, liderado por Luis Caputo, de evitar un impacto directo en los surtidores que pueda desacelerar aún más el consumo. La venta de combustibles viene registrando bajas interanuales mayores al 10 %, lo que enciende luces de alerta en un contexto de fragilidad del poder adquisitivo.
Desde marzo, el esquema de actualización de estos tributos se implementa gradualmente. El tramo previsto para julio implicaba una corrección total acumulada, pero la nueva resolución optó por seguir dosificando el ajuste fiscal. Este patrón ya fue aplicado por distintas gestiones desde 2018, con sucesivas postergaciones para evitar choques inflacionarios.
Si bien la medida alivia temporalmente los bolsillos de los consumidores, implica una tensión entre el objetivo de recaudar y el compromiso de estabilización. El futuro del cronograma dependerá de variables como el dólar, la inflación y el cumplimiento de las metas fiscales, en un contexto donde cada decisión repercute directamente en el bolsillo y en la confianza del mercado.
