Una mujer de Diamante, que prefirió reservar su identidad, relató hoy su dramática situación: tras un fallo judicial que la obliga a pagar el 40% de su salario como pensión alimenticia para su nieta, se encuentra al borde de la calle.
La medida, que considera injusta, la ha llevado a vender sus pertenencias para cumplir con la sentencia, quedando sin recursos para cubrir un alquiler.
El conflicto comenzó cuando su hijo se separó y, aunque él aportaba dinero para su hija, la ex pareja lo denunció. Al no tener empleo formal, los tribunales derivaron la obligación alimentaria a la abuela, quien con su modesto sueldo no puede asumir los gastos. “Ayudaba con comida y necesidades, pero ahora me quitan casi la mitad de lo que gano”, explicó angustiada.
La situación se agravó cuando recibió el desalojo de la casa que alquilaba. Sin ahorros y con su hijo sobreviviendo de changas esporádicas, no logra conseguir un nuevo techo. “No pido lujos, solo un lugar donde dormir con mi familia”, declaró mientras mostraba documentos que respaldan su caso.
Al acudir al Municipio de Diamante en busca de asistencia, recibió una negativa bajo el argumento de que trabaja en Crespo. Esta respuesta burocrática profundizó su desesperación: “Soy vecina de esta ciudad, pero me cierran las puertas cuando más lo necesito”.
Mientras espera una respuesta, esta familia enfrenta la cruda posibilidad de terminar en la calle, víctima de lo que describen como “un sistema judicial y social que castiga a los más vulnerables”. Su historia expone las grietas en las redes de contención para adultos mayores en crisis.
