Córdoba: Niñera fue denunciada por agredir a un bebé de 7 meses y quedó imputada

Una grave denuncia por maltrato infantil sacudió a la ciudad de Córdoba, luego de que una niñera fuera filmada agrediendo a un bebé de apenas siete meses mientras lo cuidaba en el hogar familiar.

El hecho fue descubierto por la madre del niño, quien, revisando las cámaras de seguridad desde su trabajo, presenció escenas de violencia que calificó como “desgarradoras”.

En las imágenes, que circularon rápidamente en redes sociales, se ve a la mujer propinándole cachetadas al bebé y manipulándolo con extrema brusquedad durante el cambio de pañales. La madre, visiblemente conmocionada, relató que la niñera también le cubría el rostro al niño con una manta tras alimentarlo, lo que incrementó su angustia. De inmediato, se trasladó al domicilio y enfrentó a la agresora, quien, según relató, no mostró signos de arrepentimiento.

Los padres contrataron a la niñera a través de la agencia “Niñeras Ya”, a la cual notificaron tras el incidente. Denunciaron que la empresa no realizó un seguimiento adecuado sobre la aptitud de su personal. Posteriormente, radicaron la denuncia en la Unidad Judicial N.º 5 de Colinas de Vélez Sarsfield, donde la fiscal Celeste Blasco imputó a la cuidadora por el delito de “lesiones leves”.

El caso también despertó preocupación por el impacto emocional en el menor. Según su madre, desde que comenzó a ser cuidado por esta persona, el bebé presentó alteraciones en su comportamiento, llorando de forma persistente y evitando estar en la cuna, lo que podría estar vinculado a las agresiones registradas en video.

Las autoridades continúan investigando el episodio, mientras se debate públicamente la responsabilidad de las agencias que intermedian en estos servicios y la necesidad de un mayor control sobre el cuidado infantil. La familia exige justicia y advierte que el caso no debe quedar impune.

Rosario: imputan a 13 policías y 4 civiles por desviar $45 millones por mes en combustible

La corrupción dentro del sistema de seguridad de Rosario ha salido a la luz con la imputación de 13 policías y 4 civiles, quienes enfrentan graves acusaciones por un fraude millonario relacionado con vouchers de combustible destinados a patrullajes.

Las investigaciones revelaron una red de desvío de fondos públicos a través de la carga ficticia de combustible, generando un escándalo sin precedentes en la provincia.

Este martes, los acusados comparecerán ante la justicia en el Centro de Justicia Penal de Rosario, donde se llevará a cabo una audiencia clave en el proceso que ya acumula diez meses de investigación. Se sospecha que la maniobra permitió el desvío de más de $45 millones mediante el uso fraudulento de una estación de servicio que ya fue clausurada. Este monto es apenas una fracción del presupuesto mensual de $380 millones destinado a la seguridad vial.

Los delitos imputados a los involucrados incluyen abuso de autoridad, encubrimiento, lavado de activos y corrupción administrativa. La red de fraude no solo involucró a agentes policiales, sino también a civiles vinculados a la estación de servicio utilizada para la maniobra fraudulenta. Entre los imputados figuran nombres relevantes dentro de la fuerza de seguridad, lo que ha generado un fuerte impacto institucional.

El caso tomó relevancia pública cuando el ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, junto con los fiscales regionales Matías Merlo y José Luis Caterina, revelaron detalles de los allanamientos realizados. Un total de 36 operativos permitieron recabar pruebas que fortalecen la acusación, lo que podría derivar en condenas significativas para los responsables.

En medio de la crisis, el Ministerio de Seguridad desplazó de sus cargos al jefe de la Unidad Regional II, Daniel Acosta, y a su segundo, Mariano Govi, como parte de un proceso de depuración interna. Se espera que en la audiencia se revelen nuevos detalles sobre el funcionamiento del esquema fraudulento, con información clave obtenida de lo que se ha denominado la “caja negra del área de seguridad”. El caso sigue en desarrollo y podría traer consecuencias aún más profundas en la estructura policial de Rosario.

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