El Gobierno nacional dispuso una nueva estructura para el Registro Nacional de Armas (RENAR), que funcionará como organismo desconcentrado bajo la órbita del Ministerio de Seguridad Nacional.
La medida fue establecida mediante el Decreto 770/2026, firmado el 20 de agosto, y contempla una redistribución de funciones que busca fortalecer el control estatal sobre armas, municiones, explosivos y otros materiales sujetos a regulación.
A partir de la nueva normativa, el organismo tendrá intervención en distintas etapas de la cadena de control, desde la fabricación y comercialización hasta la adquisición, transferencia, tenencia, portación, traslado, secuestro y destrucción de materiales controlados. También quedará a su cargo la administración del Banco Nacional de Materiales Controlados y de los depósitos destinados a su guarda, además de la elaboración de estadísticas vinculadas con armas de fuego y explosivos.
Uno de los principales cambios es la incorporación de áreas especializadas en sanciones, información y gestión registral. La nueva Dirección de Procedimientos Sancionatorios tendrá a su cargo los sumarios administrativos por infracciones, mientras que otra dependencia concentrará la administración de bases de datos, el intercambio de información y la modernización de los trámites. El esquema contempla además mecanismos de interoperabilidad con otros organismos para facilitar el acceso y actualización de datos relacionados con investigaciones y medidas judiciales.
La conducción del RENAR estará en manos de un Director Ejecutivo, con rango y jerarquía de secretario, acompañado por un Subdirector Ejecutivo con rango de subsecretario. Entre sus responsabilidades estarán la gestión de permisos y registros, el control de operaciones vinculadas con armas y explosivos y la administración del Código Único de Identificación de Materiales Controlados. La normativa también prevé campañas para facilitar la regularización registral y acciones destinadas a prevenir la violencia armada y el tráfico ilegal.
El decreto establece que la reorganización no supondrá un aumento en la cantidad total de unidades organizativas de la Administración Pública Nacional y que será financiada mediante las partidas asignadas al Ministerio de Seguridad. El nuevo esquema apuesta especialmente por la digitalización, la trazabilidad y el intercambio de información, aunque su impacto dependerá de la aplicación efectiva de estas herramientas. El objetivo central será mejorar los controles, agilizar los procedimientos y fortalecer la capacidad del Estado para prevenir la circulación ilegal de armas y otros materiales controlados.
