Jorge Castillo, conocido como el “Rey de La Salada” por ser el principal responsable de la famosa feria y del Paseo de Compras Urkupiña, fue arrestado esta mañana en su lujosa residencia del country Haras Argentino Farm Club, en Luján.
La detención se produjo en el marco de un operativo masivo que incluyó más de 60 allanamientos simultáneos ordenados por el juez federal Luis Armella, de Lomas de Zamora. Castillo está acusado de contrabando, lavado de activos y evasión fiscal.
Durante los procedimientos, efectivos de la Policía Federal incautaron documentación contable, registros financieros, computadoras, teléfonos celulares y una importante suma de dinero en efectivo. Además de Castillo, también fueron detenidos su esposa y uno de sus hijos, mientras que el magistrado solicitó la captura de otras 20 personas vinculadas al caso. Los allanamientos se extendieron a puntos estratégicos como la feria El Olimpo y galerías comerciales del barrio de Flores.
Esta investigación reactivó una causa antigua contra Castillo, quien ya había sido arrestado en 2017 por delitos similares relacionados con evasión tributaria agravada. En aquel momento, se lo acusó de eludir el pago de impuestos a través de su empresa Punta Mogote S.C.A., junto a otros socios comerciales. Sin embargo, pese a su historial, el empresario había logrado mantener su imperio económico.
La feria La Salada, aunque cuestionada por la comercialización de productos falsificados, representa una importante fuente de trabajo para miles de comerciantes del conurbano y de otras provincias, que acuden semanalmente a comprar mercadería para revender. No obstante, su modelo de negocio ha sido duramente criticado a nivel internacional, especialmente por Estados Unidos, que en informes oficiales ha señalado la falta de acciones efectivas contra la piratería en el país.
Castillo fue trasladado a una dependencia de la PFA, donde en las próximas horas será interrogado por el juez Armella. Las autoridades buscan determinar el alcance de su red ilegal, que durante años habría operado bajo un esquema de evasión fiscal y lavado de dinero. El caso pone nuevamente en evidencia los desafíos que enfrenta Argentina para combatir el comercio informal y la falsificación de marcas.
